De tener un acto de arbitrariedad o discriminación por una autoridad de España, Pemex podría recurrir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) en el caso de la alianza que pretende hacer con Sacyr para sindicar una participación de 29.8% en la petrolera Repsol.
En ello coincidieron Carlos Bernal, profesor especializado en Derecho Internacional del ITAM; Carlos Guzmán, director de ProMéxico, y Gregorio Canales, especialista en México para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
El miércoles, el Consejo de Administración de Repsol modificó el reglamento de la empresa para quitarle a Pemex y Sacyr sus asientos en el mismo, arguyendo conflicto de intereses, una acción que la paraestatal mexicana impugnará.
Pemex tendría que esperar a que se agoten todas las instancias locales; si hubiera confabulación, mala fe, decisiones arbitrarias o actos discriminatorios de los tribunales locales, entonces sí podría acogerse al APPRI.
“Si interviniera una instancia de gobierno, Pemex sí podría inconformarse en el marco del APPRI y decir que hay una violación al trato nacional que por garantía del acuerdo le debería otorgar; pero aún no estamos en ese supuesto”, detalló Canales.
Guzmán consideró que el caso no ha afectado las relaciones comerciales bilaterales o de inversión entre los dos países; mientras que Bernal expuso que si se llegara a recurrir al APPRI, el caso se dirimiría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Inversionistas, con sede en Washington.
“El APPRI protege por una conducta atribuible al estado receptor de la inversión que sea arbitraria o discriminatoria y que cause un daño a la inversión”, sostuvo Alejandro Faya, director general de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.
REGULADOR ESPAÑOL NO ANALIZARÁ PACTO
La Comisión Nacional de Energía (CNE) de España no analizará el pacto de accionistas mediante el cual la constructora Sacyr y Pemex unen su participación de casi 30% en Repsol, porque aseveró que cumple con las normas.
A principios de mes, Repsol había solicitado a la CNE que analizara el acuerdo, al considerar que puede afectar a negocios regulados, considerando que Pemex es una empresa no europea y la petrolera española tiene intereses en empresas de electricidad y gas, principalmente Gas Natural. La CNE planteó que las actividades de Gas Natural “no resultan imputables como propias a Repsol (...) por cuanto Repsol y Gas Natural Fenosa no forman parte, en sentido estricto, del mismo grupo empresarial, en los términos en que éste viene definido por la legislación mercantil”.
La apertura de una investigación por parte de la CNE habría alargado el proceso de sindicación de las participaciones de Pemex y Sacyr, que buscan mayor injerencia en la gestión de la petrolera española. (Con información de Agencias).
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